Por Cristian Leonardo Aravena Gajardo, abogado.

Introducción: Chile, un país donde se dictan sentencias con leyes muertas

Chile se vende al mundo como un país con estabilidad jurídica. Se llena la boca con la solidez de sus instituciones y con la independencia de su Poder Judicial. Pero la realidad es otra: más de 10.000 sentencias han sido dictadas en base a una norma que fue derogada hace más de una década.

Lo digo con plena responsabilidad: en Chile se están aplicando leyes muertas, y nadie está haciendo nada. Ni el Poder Judicial, ni el gobierno, ni los abogados, ni la academia, ni la prensa. Todos han elegido mirar para otro lado.

El caso que desnuda la inercia judicial

Desde la entrada en vigor de la Ley 20.422 en 2010, que derogó el Título II de la Ley 19.284, el artículo 4 de la Ley 18.600 quedó sin sustento jurídico. Sin embargo, los tribunales han seguido aplicándolo como si nada hubiese pasado. Se han dictado miles de interdicciones basadas en una norma inexistente.

Si el derecho es, en esencia, un sistema de reglas que rige la vida en sociedad, entonces ¿qué significa que un Estado dicte sentencias con normas derogadas?

📌 ¿Cómo puede un juez aplicar un precepto que ya no tiene operatividad?

📌 ¿Cómo puede un abogado redactar una demanda sin verificar la vigencia de la ley en la que la funda?

📌 ¿Cómo puede el Poder Judicial no tener un sistema de alertas para detectar estos errores?

📌 ¿Cómo puede la academia haber debatido por años sobre el procedimiento sin darse cuenta de que no existe?

Estas preguntas no son retóricas. Son el síntoma de un sistema podrido por la inercia y la desidia.

Una bomba en la base de datos del Poder Judicial

Quien tenga dudas, puede verificarlo en la Base Jurisprudencial del Poder Judicial de Chile. Basta con buscar “interdicción” en las sentencias civiles y aparecen miles de fallos citando el artículo 4 de la Ley 18.600 como si aún estuviera vigente.

Si esto fuera un caso aislado, podríamos hablar de un error. Pero son más de 10.000 sentencias. Esto no es un error. Esto es un sistema que opera en automático, sin control ni cuestionamiento.

Y lo más grave es que estas sentencias afectan a personas con discapacidad. Gente que depende del Estado para la protección de sus derechos, pero que ha sido sometida a procesos inválidos desde su origen. ¿Hasta qué punto llega el desprecio del sistema por los más vulnerables?

El silencio cómplice del sistema

Desde hace meses, he alertado de esta situación. He escrito artículos, he contactado a medios, he enviado correos a jueces, abogados, periodistas, académicos y autoridades. Nadie ha respondido.

Ni siquiera un “vamos a revisarlo”. Nada. Silencio absoluto.

¿Por qué?

📌 Porque admitirlo significa reconocer que el Poder Judicial ha fallado sistemáticamente.

📌 Porque significaría cuestionar la calidad de miles de fallos.

📌 Porque abrir esta caja de Pandora haría tambalear la credibilidad de todo el sistema.

Pero la verdad no deja de ser verdad solo porque incomoda.

Los medios internacionales: La última esperanza

Si Chile calla, habrá que hablarle al mundo. Por eso, he contactado a medios internacionales como BBC News, DW, The Guardian, Al Jazeera y Reuters. Si ellos lo investigan, la negligencia judicial chilena quedará en evidencia a nivel global.

Porque si el sistema no quiere escuchar, habrá que gritar más fuerte.

Conclusión: Un Estado de Derecho de papel

Esta no es una simple anécdota jurídica. Es una crisis de legitimidad del Estado.

📌 Si el sistema permite que se dicten 10.000 sentencias en base a normas derogadas, ¿qué más está dejando pasar?

📌 Si un juez no revisa la vigencia de la ley que aplica, ¿cómo podemos confiar en sus decisiones?

📌 Si los abogados copian y pegan demandas sin verificar sus fundamentos, ¿qué dice eso de nuestra profesión?

El Estado de Derecho en Chile no está en crisis. Está en coma.

Y la única pregunta que queda es: ¿cuánto tiempo más seguiremos fingiendo que funciona?